Un caso que deja en claro la poca eficiencia de las investigaciones en el país. Fotografías: Soy502.
La solidaridad de decenas de repartidores se hizo presente frente a la Torre de Tribunales para acompañar a Rigoberto y Daniel Choc Toz, dos hermanos originarios de Senahú, Alta Verapaz, que fueron detenidos por su presunta vinculación con el ataque armado ocurrido en el Campo Marte, donde murieron el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
El domingo 18 de octubre, un juzgado resolvió falta de mérito y ordenó la libertad de ambos hermanos, al considerar que los elementos presentados no eran suficientes para ligarlos a proceso penal en esa etapa. La resolución llegó después de horas de incertidumbre para su familia y de una movilización de compañeros de trabajo que acudieron a los tribunales para expresarles respaldo y pedir que se esclarecieran los hechos.
La defensa de los hermanos estuvo a cargo del abogado Karlos de León, quien los acompañó durante el proceso y cuestionó aspectos del procedimiento policial. Su intervención fue importante para que los detenidos contaran con representación legal durante las diligencias que terminaron con la resolución judicial favorable. La decisión no resuelve la investigación del ataque, que deberá continuar para establecer quiénes fueron los responsables.
Rigoberto y Daniel habían llegado recientemente a la Ciudad Capital en busca de oportunidades para salir adelante. Ambos se dedicaban al reparto de pedidos y, según los testimonios de sus familiares, apenas comenzaban a trabajar en esta actividad. Su situación movilizó a otros repartidores, quienes dejaron por un momento sus rutas de trabajo para presentarse frente a la Torre de Tribunales y acompañarlos.
Con sus motocicletas y mochilas de reparto, los trabajadores se acercaron para mostrar que detrás de los nombres de un expediente hay personas, familias y comunidades que también enfrentan las consecuencias de una captura. Su presencia fue una expresión de solidaridad entre compañeros que conocen las dificultades de llegar a la ciudad para conseguir ingresos y sostener a sus seres queridos.
Hincapié:
En Buenas Noticias GT nos caracterizamos por compartir noticias positivas de Guate, pero ante una situación como esta no podemos guardar silencio. La falta de mérito y la orden de libertad de los hermanos Choc obligan a reflexionar sobre la responsabilidad de las autoridades al momento de detener y señalar a una persona. Toda investigación debe sustentarse en indicios verificables, respetar la presunción de inocencia y evitar que el origen indígena, la condición económica o la ocupación de alguien se conviertan en motivos para prejuicios o señalamientos. No hay que confundir una apariencia con una prueba, ni buscar culpables al azar para responder a la presión pública.
Este caso también constituye un llamado de atención al Ejecutivo y, en particular, al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil, para que los procedimientos se desarrollen con profesionalismo, transparencia y respeto a los derechos fundamentales. La ciudadanía necesita instituciones capaces de investigar con rigor, proteger a las personas y presentar ante la justicia a los verdaderos responsables, no actuaciones que puedan terminar afectando a quienes buscaban trabajar para salir adelante.
La solidaridad de los repartidores dejó una imagen poderosa: una comunidad laboral que no abandonó a dos compañeros en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. La libertad de los hermanos Choc representa un alivio para su familia, mientras la investigación por el ataque armado debe continuar hasta esclarecer los hechos y determinar responsabilidades con base en pruebas.
